A partir de este jueves 3 de abril, las comunidades de propietarios tendrán poder de decisión para aceptar o vetar la instalación de nuevas viviendas de uso turístico. Esta medida, incluida en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, marca un cambio importante en la regulación del alquiler vacacional, y responde al creciente malestar vecinal en muchas ciudades españolas.
Impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la nueva normativa busca «empoderar a los vecinos» ante el auge de los pisos turísticos, que a menudo generan conflictos de convivencia y dificultan el acceso a la vivienda habitual. Hasta ahora, los residentes apenas tenían margen legal para frenar esta actividad en sus edificios. Con la nueva ley, bastará con el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios —y de las cuotas de participación— para autorizar o impedir la puesta en marcha de este tipo de alojamientos.
Este acuerdo podrá tomarse en junta sin necesidad de modificar los estatutos de la comunidad o el título constitutivo, tal y como venía exigiéndose hasta ahora, en base a sentencias del Tribunal Supremo.
Registro obligatorio para los arrendamientos turísticos
En paralelo a esta reforma, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva herramienta: la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, creada para combatir el fraude en los alquileres de corta duración. Desde julio será obligatorio contar con un número oficial de registro para anunciar este tipo de alojamientos en plataformas online.
Los arrendadores pueden solicitar ya este número desde el pasado 2 de enero. En los tres primeros meses del año se han presentado más de 18.000 solicitudes en toda España. De ellas, el 49% ya han sido aprobadas, un 41% siguen en evaluación y un 11% han sido rechazadas.
Madrid quiere eliminar los pisos turísticos en edificios residenciales
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado su estrategia urbanística con el Plan Reside, que busca prohibir los pisos turísticos dispersos en zonas residenciales del centro de la ciudad. Según el consistorio, esta política es compatible con la nueva ley estatal, ya que cualquier vivienda turística necesitará antes una licencia urbanística, que no se concederá en edificios residenciales.
imagen: Europa Press