El Congreso de los Diputados ha sido escenario de un intenso debate sobre la competencia en materia de vivienda entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
La reciente aprobación de una proposición no de ley del Partido Popular (PP) ha puesto de relieve las tensiones en torno a la Ley de Vivienda y sus implicaciones constitucionales.
La proposición del PP, respaldada por PP, Vox, PNV y Junts, insta al Gobierno a reformar o derogar aquellos artículos de la Ley de Vivienda que vulneren las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, conforme al artículo 148 de la Constitución. Se argumenta que la normativa actual vulnera reiteradamente las competencias autonómicas, especialmente en temas como la ordenación territorial y urbanística o la calificación de viviendas protegidas.
El rechazo de otra iniciativa del PP para eliminar los mecanismos de regulación de los alquileres también ha sido notable. Esta propuesta ha dividido a los partidos, con el PP y Vox a favor, y PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos en contra. Sin embargo, el PP ha logrado el apoyo para abordar el desafío del acceso a la vivienda de los jóvenes en España, gracias a la abstención del PNV y el voto a favor de Junts.
La iniciativa aprobada insta al Gobierno a ampliar el número de viviendas en régimen de alquiler asequible para los jóvenes y a derogar cualquier normativa que genere efectos negativos en el mercado de la vivienda, como el aumento de precios o la caída de la oferta disponible.
Este debate refleja las divergencias en torno a la regulación de la vivienda en España y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las competencias estatales y autonómicas. Mientras se espera una acción por parte del Gobierno para abordar estos desafíos, la incertidumbre persiste en el mercado inmobiliario y entre los ciudadanos que buscan acceder a una vivienda digna y asequible.
imagen: Carlos Luján – Europa Press