El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma que permitirá tramitar los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda mediante juicios rápidos, con la expectativa de resolverlos en un plazo máximo de 15 días.
El pasado jueves 14 de noviembre, se dio luz verde a esta medida dentro de la Ley de Eficiencia Judicial. La iniciativa, impulsada mediante una enmienda del PNV y respaldada por partidos como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, contó con el apoyo inesperado de Bildu debido a un error en la votación. La reforma modifica el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sumando las ocupaciones ilegales a la lista de delitos menos graves que pueden tramitarse por vía rápida, junto a hurtos y robos.
Un cambio en los tiempos judiciales
La nueva normativa busca acelerar los procesos judiciales relacionados con okupaciones. Una vez detenido el responsable, el juez deberá citarlo en un plazo máximo de 72 horas, mientras la policía judicial completa las diligencias necesarias. Si las partes y la Fiscalía consideran que procede, el juicio deberá celebrarse en un máximo de 15 días, con sentencia dictada en un plazo de tres días tras la vista oral.
A pesar de estas expectativas, algunos expertos cuestionan el alcance real de la medida. Según José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), aunque el objetivo es resolver estos casos en menos de un mes, los tiempos pueden alargarse en situaciones donde haya personas en situación de vulnerabilidad, ya que será necesaria la intervención de servicios sociales antes de proceder al desalojo.
Una medida con limitaciones
La reforma se centra exclusivamente en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, dejando fuera a los llamados “inquiokupas”. Este término se refiere a quienes firman un contrato de alquiler solo para no pagar más allá de la fianza y la primera mensualidad, aprovechándose de la lentitud de los procedimientos legales. Estos casos deben tramitarse a través de procedimientos civiles, más largos y complejos, como querellas por estafa.
Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general de AMADEI, destaca que los inquiokupas no cometen ninguno de los delitos que permiten la aplicación de este nuevo procedimiento abreviado. Por lo tanto, seguirán enfrentándose a tiempos de resolución de hasta dos años, en contraste con los 20 días que promete la reforma para las ocupaciones ilegales.
Además, Martínez Caja advierte sobre la posibilidad de que esta medida provoque una sobrecarga en los juzgados debido al incremento de casos similares, lo que podría generar un colapso en el sistema judicial.
Por su parte, la Agencia Negociadora del Alquiler propone una solución alternativa que pasa por la vía administrativa: crear un registro público de contratos de arrendamiento. Esto permitiría a las fuerzas de seguridad desalojar a los okupas inmediatamente en ausencia de un contrato válido registrado, evitando así el uso de documentos falsificados para retrasar los desalojos.
El error de Bildu y el futuro en el Senado
Uno de los elementos más comentados en la sesión fue el error de Bildu, que, sin querer, apoyó la enmienda del PNV, permitiendo su aprobación. Posteriormente, la portavoz Mertxe Aizpurua reconoció el fallo e indicó que trabajarán para minimizar su impacto. La normativa ahora pasa al Senado, donde la mayoría del PP podría complicar cualquier modificación al texto.
A pesar de las críticas y el error en la votación, los promotores de la medida insisten en que supone un paso adelante en la lucha contra la okupación. Sin embargo, expertos señalan que, sin abordar otros problemas como la inquiokupación o los casos que involucran personas vulnerables, la reforma podría quedarse corta en su efectividad.
En resumen, aunque los juicios rápidos representan una intención política clara para tratar el problema de la okupación en España, todavía existen importantes retos estructurales en el sistema judicial. Sin medidas complementarias para abarcar todos los tipos de okupación y soluciones más ágiles en situaciones complejas, esta reforma podría quedarse como un avance parcial en lugar de una solución definitiva.
imagen: Idealista