Tras los primeros cinco años (siete años si el propietario es persona jurídica), arrendador y arrendatario tienen que decidir si seguir con el alquiler
En el vibrante mundo del mercado inmobiliario español, el 2024 marca un hito significativo para miles de inquilinos y arrendadores. Con la llegada de este año, numerosos contratos de alquiler están alcanzando su quinto aniversario, incluyendo las prórrogas obligatorias establecidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que entró en vigor en marzo de 2019. Esta modificación legislativa extendió la duración estándar de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y hasta siete años en el caso de arrendadores personas jurídicas.
La prórroga tácita, un aspecto clave de la LAU, entra en juego cuando se alcanza el quinto año de vigencia del contrato. Según lo estipulado, si ninguna de las partes notifica su intención de no renovar el contrato con al menos cuatro meses de antelación para el arrendador y dos meses para el arrendatario, el contrato se prorrogará automáticamente por plazos anuales, hasta un máximo de tres años más.
Sin embargo, esta situación se da en un contexto de precios de alquiler en constante aumento. Según el último informe de precios de arrendamientos de idealista, el precio medio ha alcanzado los 12,6 euros/m2 al mes, estableciendo un nuevo récord histórico. Este aumento continuo ha llevado a muchos inquilinos a cuestionar si les conviene mantenerse en sus actuales viviendas de alquiler o buscar nuevas opciones.
La escasez de oferta de viviendas en el mercado de alquiler, combinada con una demanda persistente, ha impulsado este aumento de precios. Además, los alquileres de temporada están ganando relevancia en detrimento de los alquileres permanentes, en parte debido a políticas que favorecen este fenómeno.
Para comprender mejor el impacto de esta situación, se ha analizado la media del precio total de los inmuebles en alquiler en las capitales de provincia. En algunas ciudades, como Valencia, Barcelona y Madrid, estas diferencias superan los 200 euros/mes.
Es importante destacar que, desde marzo de 2022, la actualización anual de las rentas de alquiler está limitada y ya no se basa en el IPC, sino en un tope máximo establecido por el Gobierno. En 2022 y 2023, este tope fue del 2%, referenciado al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC). A partir de 2024, la Ley de Vivienda establece un límite del 3% para el incremento de la renta en los contratos de alquiler vigentes.
En resumen, el 2024 presenta desafíos significativos para inquilinos y arrendadores en el mercado de alquiler español. La prórroga tácita de los contratos de alquiler, combinada con el aumento constante de los precios, plantea importantes decisiones para ambas partes. En este contexto, la comprensión de las regulaciones legales y el análisis detallado del mercado son cruciales para tomar decisiones informadas y estratégicas.
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