El plazo para echar a un okupa bate récord: ya roza los dos años en los tribunales.

El plazo para desalojar a okupas en España alcanza niveles récord.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo que debe esperar un propietario en España para obtener una sentencia que permita desalojar a okupas de una vivienda ha alcanzado cifras históricas.

Al cierre del año 2023, el plazo medio se situó al borde de los 24 meses, sumando el periodo medio de los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia (12 meses) y el de las Audiencias Provinciales en caso de recurso (11,2 meses).

Este plazo representa casi el triple de lo que tardaba hace solo 5 años, cuando en 2018 el promedio a nivel nacional se encontraba en 4,9 meses. La situación se ha ido agravando progresivamente, con un incremento significativo del tiempo necesario para obtener el desalojo de okupas.

Las principales razones de este alargamiento de los plazos, según los expertos, son:

1. Colapso de los juzgados: El aumento del número de casos de okupación ha saturado los juzgados, que no dan abasto para tramitar todos los procedimientos con la agilidad necesaria. Los recursos y medios de la Administración de Justicia se han visto desbordados ante esta situación.

2. Complejidad de los procesos judiciales: Los procedimientos legales para el desalojo de okupas se han vuelto más complejos y farragosos, con mayores requisitos y trámites que ralentizan los procesos. Esto se debe en parte a las reformas legales introducidas en los últimos años para intentar proteger los derechos de los okupas.

3. Recursos y apelaciones: Muchos propietarios se ven obligados a recurrir las sentencias de primera instancia en las Audiencias Provinciales, lo que añade un nuevo plazo medio de 11,2 meses a la duración total del proceso. Los okupas aprovechan esta vía para alargar aún más su permanencia ilegal en la vivienda.

4. Falta de medios y personal en la Justicia: Los juzgados encargados de estos procedimientos carecen de los recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a la creciente carga de trabajo que suponen los casos de okupación. Esta escasez de medios contribuye decisivamente al colapso y retrasos.

Ante esta situación, los expertos coinciden en que es necesario reforzar los recursos y dotación de personal de la Administración de Justicia para poder agilizar los procesos y evitar que los plazos sigan alargándose.

Además, reclaman una reforma legal que simplifique y agilice los procedimientos de desalojo, sin menoscabar los derechos de los ocupantes.

Por otro lado, también señalan la importancia de implementar medidas preventivas y de mediación que eviten que los propietarios tengan que acudir a los tribunales, como facilitar el acceso a la vivienda para personas en riesgo de exclusión social o impulsar alternativas habitacionales para los okupas.

En definitiva, el problema de la okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un auténtico desafío para el sistema judicial español, que se enfrenta a unos plazos desorbitados para poder restablecer la posesión de los propietarios. Mientras tanto, los afectados deben hacer frente a una situación de gran incertidumbre y desgaste emocional y económico, sin poder recuperar el control de sus propiedades en un plazo razonable.

Es evidente que se necesitan soluciones integrales que aborden el fenómeno de la okupación desde múltiples enfoques, combinando mejoras en el sistema judicial, medidas preventivas y alternativas habitacionales. Solo de esta manera se podrá atajar un problema que cada vez se vuelve más acuciante y que perjudica gravemente a propietarios, inquilinos y al conjunto de la sociedad.