En 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, lo que representa un aumento del 35% desde 2018. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), esta problemática no solo va en aumento, sino que está deteriorando la seguridad jurídica y los derechos de los propietarios, sin que existan medidas eficaces para atajarla. Expertos denuncian que el marco legal actual favorece al ocupante frente al dueño legítimo del inmueble.
Un fenómeno en auge: los datos lo confirman
El último informe del IEE, el ‘think tank’ vinculado a la CEOE, alerta de que la ocupación ilegal de inmuebles en España se ha disparado. En 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento, un 7,4% más que el año anterior y la tercera cifra más alta de la serie histórica. Desde 2018, el aumento ha sido del 35%.
Sin embargo, el IEE aclara que esta estadística solo recoge denuncias de personas físicas. No contempla los casos no denunciados, los que afectan a personas jurídicas (empresas o bancos), ni las situaciones de inquiokupación (inquilinos que dejan de pagar pero no abandonan el inmueble). Por tanto, el problema real sería mucho más amplio de lo que reflejan los números oficiales.
Reformas legales que dificultan la defensa del propietario
Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil, asegura que lejos de facilitar el desalojo, las últimas reformas legales han complicado aún más la recuperación de las viviendas ocupadas. Destaca que el tiempo medio para recuperar un inmueble supera el año y que los costes judiciales disuaden a muchos propietarios de iniciar el proceso.
La Ley de Vivienda exige ahora acreditar si el ocupante ilegal está en situación de vulnerabilidad y si el inmueble es su vivienda habitual. Además, si el propietario es considerado “gran tenedor”, debe haber intentado una mediación antes de que el juez admita la demanda de desalojo.
La pandemia y la prórroga de desahucios: más obstáculos
Durante la crisis del COVID, se suspendieron los desahucios de personas vulnerables. Esta medida, inicialmente excepcional, se ha prorrogado hasta finales de 2025, e incluye también a ocupantes ilegales si cumplen ciertos criterios. Solo los propietarios que puedan demostrar que querían vender o alquilar la vivienda y que han sufrido un perjuicio económico pueden optar a una compensación… y no siempre la obtienen.
Según Cuena Casas, esto ha generado un efecto llamada y ha alimentado un negocio creciente en torno a la okupación, que en algunos casos llega a estar vinculado a mafias organizadas.
La falta de vivienda social: el origen del problema
Para Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal, la raíz del problema está en la carencia de alternativas habitacionales. La ausencia de un parque de vivienda pública ha llevado al Estado a trasladar la carga al propietario privado.
Denuncia que muchas normas recientes priorizan la protección del ocupante sin título frente al derecho de acceso a la justicia del propietario, afectando incluso al principio constitucional de tutela judicial efectiva.
¿Qué propone el IEE para frenar la ocupación?
El informe del IEE considera que España necesita una reforma urgente que refuerce el derecho a la propiedad privada. Algunas de sus propuestas son:
Permitir desalojos con una simple denuncia acompañada del título de propiedad.
- Aumentar las penas por ocupación ilegal.
- Permitir cortar suministros sin que se considere coacción.
- Agilizar los procesos judiciales.
- Equiparar la usurpación al allanamiento de morada.
- Ampliar las medidas cautelares también para personas jurídicas.
- Exigir la validación de los contratos de alquiler por la administración.
España, a la cola en protección del derecho de propiedad
Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, España se sitúa en el puesto 22 de los 37 países de la OCDE, muy por debajo de la media europea. Además, en 2024 ha perdido aún más terreno en el subíndice relativo al entorno legal y político.
Mientras países como Finlandia, Países Bajos o Alemania lideran el ranking, España sigue sin avanzar en la protección jurídica del derecho a la propiedad, lo que afecta no solo a la seguridad jurídica, sino también a la inversión y al funcionamiento del mercado de la vivienda.
imagen: Idealista