Más de 100.000 personas en España no pueden salir de casa por falta de accesibilidad. Rampas, ascensores o elevadores son elementos clave que aún hoy no están presentes en la mayoría de edificios residenciales. Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que refuerza el derecho a la accesibilidad universal en viviendas, introduciendo cambios en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y en la normativa sobre Dependencia y Discapacidad.
Te explicamos en qué consiste esta reforma y cómo afectará a comunidades de propietarios y personas con discapacidad.
1. Obligación legal de acometer obras de accesibilidad si algún residente lo necesita
Una de las principales novedades del anteproyecto es que las comunidades de vecinos estarán obligadas a realizar obras de accesibilidad si algún residente lo solicita por necesidad. Esto incluye la instalación de ascensores, rampas, plataformas elevadoras u otros dispositivos que garanticen el acceso adecuado a la vivienda.
La normativa establece que estas obras deberán realizarse siempre que sean necesarias para garantizar lo que se denomina como “ajustes razonables en materia de accesibilidad”.
2. Nuevas ayudas públicas y reparto del coste
El texto también contempla que las administraciones competentes ofrezcan ayudas económicas para facilitar la ejecución de estas obras. Además, se modifica el reparto del gasto:
- Las comunidades asumirán el 70 % del coste total.
- El 30 % restante será financiado por fondos públicos.
Como medida de protección para los vecinos, el importe que cada propietario debe abonar anualmente no podrá superar las 12 mensualidades ordinarias de comunidad.
3. Reconocimiento automático de discapacidad por dependencia
Otro cambio importante que introduce la reforma es que todas las personas con cualquier grado de dependencia serán reconocidas automáticamente con una discapacidad del 33 %, lo que permitirá acceder más fácilmente a beneficios, ayudas y recursos públicos.
Este cambio busca simplificar los trámites administrativos y acelerar la atención a quienes lo necesiten.
4. Fin del plazo de espera para las ayudas por cuidados familiares
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que también se eliminará el plazo máximo de dos años de espera para acceder a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Esto permitirá que las familias que atienden a personas dependientes puedan recibir las ayudas sin demoras.
5. Refuerzo de los servicios de atención a la dependencia
Además de las reformas estructurales y económicas, el anteproyecto refuerza otros servicios esenciales como:
- La asistencia personal.
- El servicio de ayuda a domicilio.
- El apoyo telemático o telefónico.
El objetivo es garantizar una atención integral y más cercana para quienes lo necesiten, adaptándose a distintos entornos y situaciones personales.
Una realidad que afecta a miles de personas
Según el Ministerio de Derechos Sociales, en España hay 1,8 millones de personas que necesitan atención por parte del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De ellas, más de 100.000 no pueden salir de casa por falta de accesibilidad, una cifra preocupante que refleja la urgencia de actuar.
Además, solo el 0,6 % de los edificios residenciales cumplen con los criterios básicos de accesibilidad, según Safe City, una empresa especializada en movilidad urbana.
Conclusión
Esta reforma legal representa un paso importante hacia una vivienda más inclusiva, donde la accesibilidad no sea una opción, sino un derecho. Las comunidades de vecinos deberán adaptarse a este nuevo marco, que no solo obliga a actuar, sino que facilita los medios para hacerlo con ayudas públicas y mayor claridad legal.
En un país donde miles de personas siguen atrapadas en sus casas por falta de recursos o voluntad comunitaria, esta ley puede marcar una diferencia real y necesaria.
imagen: Stannah